La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha valorado que el Gobierno de España haya aprobado un nuevo decreto ómnibus que contempla las ayudas al transporte, pero advirtió que sigue siendo insuficiente para responder a las necesidades reales de Canarias.
“Esta medida no puede seguir siendo un parche, necesitamos un compromiso a largo plazo que garantice el derecho a la movilidad de los canarios”, apuntó Dávila quien recordó que el coste anual del transporte público gratuito en Canarias asciende a 140 millones de euros, de los cuales el Estado solo aporta 81 millones. “Esta cifra no alcanza ni el 60% del coste total, obligando a los cabildos insulares a asumir una carga económica desproporcionada para mantener un servicio esencial. Nuestra región, añade Dávila, al no estar integrada en el sistema nacional ferroviario, enfrenta un déficit estructural en la financiación del transporte público que nos sitúa en clara desventaja frente al resto de comunidades autónomas”
Asimismo, la presidenta de la Corporación insular señaló que desde el Cabildo de Tenerife “seguiremos exigiendo al Estado que adopte un compromiso estructural con esta política. Los canarios no merecen ser tratados como ciudadanos de segunda. Lucharemos por una financiación adecuada que permita consolidar este derecho y asegurar que ningún ciudadano de nuestras islas quede excluido de la posibilidad de acceder a un transporte público gratuito, accesible y de calidad”, declaró.
Además, Rosa Dávila fue taxativa al afirmar que la gratuidad del transporte público “no es un privilegio ni un lujo, es un derecho que debe ser garantizado para todos los canarios. Esta medida no solo alivia la economía de los hogares, sino que también fomenta un modelo de movilidad más eficiente, reduce la dependencia del vehículo privado y contribuye a mejorar la calidad del Medio Ambiente”.
Impacto económico en los distintos colectivos
La presidenta del Cabildo asevera que la eliminación de la gratuidad tendría un impacto devastador para miles de familias, estudiantes, personas mayores y colectivos vulnerables que dependen del transporte público. Y puso ejemplos significativos: para las familias con dos adultos y un estudiante universitario tendría que gastar 636 euros al año en transporte, considerando los abonos mensuales disponibles. Este gasto supone una carga considerable para hogares con ingresos limitados, especialmente en el actual contexto de inflación; en el caso de los estudiantes menores de 30 años: El Abono Joven, que actualmente es gratuito, cuesta 15 euros mensuales. Esto implica un gasto anual de 180 euros que, para muchas familias, resulta difícil de asumir; para personas mayores de 65 años, con el abono mensual de 15 euros, los mayores tendrían que destinar también 180 euros al año. Esto afecta especialmente a quienes tienen pensiones mínimas o limitadas; personas con discapacidad: este colectivo, que también cuenta con tarifas reducidas de 15 euros mensuales, se vería obligado a gastar 180 euros al año, una cantidad significativa para quienes enfrentan gastos adicionales en su día a día debido a su condición y, por último, para los usuarios sin abonos quienes dependen de billetes sencillos, el coste anual puede superar los 700 euros, considerando un uso frecuente. Este gasto es insostenible para quienes utilizan el transporte público a diario para trabajar, estudiar o acceder a servicios básicos.
